La Audiencia de Sevilla ha impuesto este martes un año de cárcel a los tres máximos responsables de Aerosur, una empresa del sector aeronáutico que estuvo ubicada en Alcalá de Guadaíra, por haberse beneficiado hace ya dos décadas de una ayuda de 1,2 millones de euros de la Junta de Andalucía. Esta pieza separada de la macrocausa de los ERE se ha resuelto con un acuerdo entre las acusaciones y los acusados que incluye la suspensión de la ejecución de esa pena de prisión. En otras palabras, ninguno entrará en un centro penitenciario siempre que no cometan ningún delito en un plazo de dos años. El importe de la ayuda, por cierto, ya fue devuelto a la Administración en 2014 por Aciturri, el gigante que para entonces ya había absorbido a Aerosur.

Los tres enjuiciados que han aceptado esta sentencia son los entonces presidente y vicepresidente del consejo de administración y el director de Aerosur. También figuraban como implicados tres ex altos cargos de la Junta: los consejeros José Antonio Viera y Antonio Fernández y el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, fallecido en 2020. Como ya fueron juzgados en la pieza política, la causa contra ellos fue archivada en 2018 en aplicación del principio non bis in ídem, que prohíbe enjuiciar a una persona dos veces por los mismos hechos.

Aerosur (Aeronáuticas del Sur) fue constituida en 1995 como sociedad anónima laboral por antiguos trabajadores de la desaparecida Rahemo Aeronáutica. Su objeto social era el montaje, ensamble y compraventa de elementos aeronáuticos, mecánicos o electrónicos. Su sede social estaba en Alcalá de Guadaíra pero contaba con instalaciones en Cádiz y El Puerto de Santa María.

Según figuraba en el escrito provisional de la Fiscalía Anticorrupción, que hoy ha sido elevado a definitivo y por tanto constará tal cual en la sentencia escrita, la empresa "fue beneficiaria injustamente" de una ayuda "directa e incondicionada" de 1,2 millones que la Administración le concedió "al margen de la legalidad vigente", sin solicitud de ayuda formal ni resolución de concesión ni fiscalización por parte de los responsables públicos.

La ayuda se dividió en dos partidas, la primera de 900.000 euros y la segunda de 300.000, que datan de entre 2003 y 2005. El supuesto objetivo de esa subvención era invertir en "gradas y utillaje".

Anticorrupción pidió inicialmente tres años y medio de cárcel para cada uno de los encausados. Finalmente, tras la negociación con las defensas, en el acto del juicio ha modificado sus conclusiones provisionales y ha elevado la atenuante de dilaciones indebidas (por la tardanza del proceso judicial) hasta la categoría de muy cualificada, lo que ha llevado a la fiscal a rebajar la petición de condena hasta "lo mínimo". Es decir, un año de prisión por un delito de malversación. A eso hay que unir dos años y medio de inhabilitación absoluta por la misma infracción y un año y ocho meses de inhabilitación especial por un delito de prevaricación. Los acusados han sido condenados como cooperadores necesarios, no como autores materiales.

Una vez que la acusación ejercida por el PP y las defensas han mostrado su conformidad con esas condiciones, el tribunal de la Sección Cuarta ha dictado sentencia firme en la misma sala y también ha concedido a los encausados el beneficio de la suspensión de la pena de cárcel. Como ya alegó la propia Fiscalía, que se mostró favorable a esa medida de gracia, ninguno tenía antecedentes penales. El plazo, los dos años, también es el mínimo contemplado por la ley.