Lo único que no me gusta de la Ley de Memoria Democrática es la fecha. Me refiero a que desde el día 29 de diciembre de 1978, que entró en vigor la Constitución, hasta su aprobación definitiva en el Senado el 5 de octubre de 2022, han pasado 43 años 9 meses y 7 días, más los que habrá que añadir hasta su publicación en el B.O.E. Dicho esto, son numerosos los apartados de la ley referentes a la extinción de la apología del Franquismo, a la búsqueda de desaparecidos, a la anulación de sentencias impartidas por tribunales franquistas, y a la eliminación de títulos nobiliarios a personas que formaron parte del aparato represivo. Pero hoy quisiera destacar, en el espacio que dispongo, el informe de Fernando Martínez sobre el acuerdo entre la secretaría de Estado de Memoria Democrática y la de Educación para que el sistema educativo incluya "el conocimiento de la historia y de la memoria democrática española y la lucha por los valores y libertades democráticas, desarrollando en los libros de texto y materiales curriculares la represión que se produjo". Hay mucha ignorancia entre quienes no vivieron los años de la dictadura franquista. En el primer capítulo yo describiría las esencias de una dictadura que, mediante unas leyes dictadas en los años 1936, 1938 y 1939, otorgan todos los poderes del estado a Francisco Franco Bahamonde que se autocalifica de generalísimo. Con potestad legislativa promulgó en febrero de 1939 la Ley de Responsabilidades Políticas que, por simples cuestiones ideológicas, establecía sanciones tales como el exilio que sufrió Don Antonio Machado, la cárcel que padeció y donde murió el poeta Miguel Hernández, o la pena de muerte llegado el caso. Todavía en el año 1969, o comulgabas con el Franquismo o te podías jugar la vida, como le ocurrió al joven estudiante Enrique Ruano que fue detenido por repartir propaganda de Comisiones Obreras, y arrojado por la ventana de un séptimo piso por los miembros de un cuerpo que se denominaba la Brigada Político Social. Son ejemplos que se me vienen a la mente pertenecientes a una etapa de la historia cuya incorporación a la enseñanza es absolutamente necesaria para que las nuevas generaciones conozcan la realidad de una España sometida al caudillaje de un dictador. El espacio que me queda lo dedico para destacar el trabajo de Fernando Martínez, quienes le conocemos sabemos de sobra que su aportación ha sido fundamental en la elaboración de esta ley.