La semana pasada se anunció por el Tribunal Supremo la confirmación de la sentencia de los ERE de la Audiencia Provincial de Sevilla condenado a Manuel Chaves a inhabilitación por un período de nueve años y a José Antonio Griñán a seis años de prisión. La sentencia fue aprobada por la mínima, con tres votos a favor y dos en contra. Muchas han sido las voces que han criticado la decisión del Tribunal Supremo que, dicho sea de paso, en su día no vio motivo alguno para imputar a Griñán el delito de malversación, cuando instruyó la causa en primera instancia al expresidente aforado. Sin entrar en mayores análisis jurídicos comparto los criterios que discrepan con la sentencia argumentando, entre otras razones, que los únicos culpables son los que infringieron una ley aprobada por el Parlamento Andaluz y no Chávez y Griñán por haber participado en la elaboración del proyecto de ley. Un proyecto de ley no es una resolución definitiva sino una propuesta al parlamento, y es absurdo pensar que se haga con la intención de facilitar el fraude de la ley que resulte aprobada por mayoría. Si así fuera todos los parlamentarios que votaron a favor de la ley, populares incluidos, deberían de ser condenados, ya que antes de emitir su voto, es de suponer que sabían su contenido. La verdad es que, desde la condena de la Audiencia de Sevilla, los expresidentes andaluces son carne de cañón en las tertulias con la dinámica del "y tú más", y cada vez que se destapa un nuevo caso de corrupción en el PP, avalado con extracto de cuenta en Suiza o comisión de tanto por ciento, no falta una voz acalorada soltando los nombres de Chávez y Griñán, acusándolos sin pruebas y sin necesidad de mayores explicaciones, de ser los culpables de los ERE.

Ya hubo dirigentes del PSOE que fueron condenados por haber infringido la ley, pero para contrarrestar los innumerables casos de corrupción del PP, había que subir el listón implicando a los dos expresidentes, y su absolución significaría desmontar el tinglado que, incluyéndolos en la causa, ha construido la derecha. Es un hecho evidente el control de los órganos judiciales por parte del PP desde el momento que se niega a renovarlos porque, como dijo su portavoz de justicia Enrique López: "El PP tiene el apoyo de la mayoría de la carrera judicial." Bien pudiera ser que Manuel Chávez, y sobre todo José Antonio Griñán, sean dos víctimas de la judicialización de la política en España.