Tras el Brexit, el 31 de diciembre de 2020, España y Reino Unido firmaron el llamado Acuerdo de Nochevieja sobre la situación de Gibraltar tras el abandono británico de la UE. Una hoja de ruta cuyo propósito final era la integración de la colonia en el espacio Schengen y la conformación de una denominada “área de prosperidad compartida” de la que se beneficiarían los vecinos del Peñón y de la comarca del Campo de Gibraltar, muy especialmente los de La Línea de la Concepción como municipio limítrofe, con una fuerte dependencia económica de la colonia. Más de tres años después y tras 18 rondas negociadoras entre Bruselas y Londres –con la participación activa de España y Gibraltar en las respectivas delegaciones– el consenso sigue sin alcanzarse y los controles en la Verja siguen en pie. Si bien la información sobre los puntos de discordia llega a cuentagotas, el debate sobre la presencia de las autoridades policiales españolas en el puerto y el aeropuerto llanitos, como nuevas puertas de entrada a la UE, se presenta como uno de los principales obstáculos. Pese a que el ministro de Exteriores y Cooperación, José Manuel Albares, y el comisario Sefcovic han mostrado su optimismo en que se puede cerrar un compromiso antes de las elecciones europeas de junio próximo y de las de Reino Unido, previstas para antes de final de año, conviene ser prudentes. Asuntos como la lucha contra el blanqueo de capitales y el contrabando de tabaco, la nivelación fiscal o la igualación de las pensiones de los trabajadores españoles del Peñón con las de sus compañeros gibraltareños deben componer esa “prosperidad compartida” y merecen tanta atención como las referentes a la seguridad. Para firmar un mal acuerdo, mejor quedarnos como estamos e ir pensando en un plan B para el desarrollo social y económico del Campo de Gibraltar.