El municipio de Garrucha lleva cerca de un año enfrascado en una vorágine judicial entre los responsables del actual equipo de gobierno y el saliente, es decir, entre el tripartito antinatura conformado por PP, VOX e IU y PSOE.

Desde que en junio del año pasado, tras celebrarse las elecciones municipales, Pedro Zamora (PP) se erigiese como alcalde por mayoría absoluta tras haber alcanzado ‘in extremis’ un pacto de investidura con el concejal de Vox José Antonio Alonso y con los dos representantes de IU incluidos en la coalición Con Andalucía, Álvaro Ramos y Luis José Fernández, quienes, en el caso de los dos últimos, formarán parte del equipo de gobierno y tendrán la posibilidad de dirigir el Ayuntamiento en la última etapa del mandato, la crispación y los litigios han estado a la orden del día.

No en vano, en las últimas semanas el Ayuntamiento de Garrucha y sus dirigentes han sido protagonistas de muchos titulares a causa de su particular batalla paralela en los tribunales.

Este lunes, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Vera archivaba la causa por presunta prevaricación administrativa contra la exalcaldesa de Garrucha, María López (PSOE) al no ver ilícito penal en la contratación de personal eventual por parte de la administración local pese a las “irregularidades” detectadas a través del informe pericial aportado a la investigación.

La investigación a instancias de la Fiscalía Provincial partía de la denuncia del concejal en el equipo de gobierno, Álvaro Ramos, quien informó de que López habría contratado en 2021 mediante decreto de Alcaldía como auxiliar administrativa a una de las integrantes de la lista con la que concurrió a las elecciones municipales de 2019.

Los mismos protagonistas y el mismo resultado tenía lugar hace justo un mes: un juez de de Vera archivaba y sobreseía la causa abierta contra la exalcaldesa de Garrucha, María López Cervantes (PSOE), por presuntos delitos de falsedad, contra la administración pública y malversación por el uso irregular de tarjetas de combustible. En un auto, consultado por EFE, el juez recuerda que se abrieron diligencias previas contra la exregidora y el secretario municipal tras la denuncia presentada ante la Fiscalía por el concejal del Ayuntamiento de Garrucha Álvaro Ramos, en la actualidad en el equipo de gobierno como socio del PP, motivo por el que fue expulsado de IU.

En dicha denuncia, el edil exponía una serie de presuntas irregularidades en el uso de las tarjetas de combustible asociadas a los vehículos de titularidad del consistorio garruchero, entre las que incluía “el repostaje excesivo de combustible” por facturar cantidades superiores a la capacidad de los depósitos de los vehículos asociados.

Desde el PSOE de Garrucha valoraban el archivo de esta investigación, que se une al sobreseimiento de otros procedimientos impulsados por el mismo concejal, del que han asegurado exigirán “la reparación del daño causado por sus mentiras, injurias y calumnias vertidas durante años”, según han trasladado en su redes sociales.

Y hace un par de semanas, se unía otro protagonista, en este caso el alcalde de Garrucha, Pedro Zamora, tras conocerse que el Juzgado de Vera abría diligencias contra él y contra su teniente de alcalde, Álvaro Ramos, por un presunto delito de prevaricación tras haber publicado los datos de carácter personal de concejales socialistas, a sabiendas de que estaban cometiendo un posible delito, tal y como les advirtieron los técnicos municipales.

“Los datos públicos son los que están en el portal de transparencia, pero en ningún caso, conforme a la ley, se pueden publicar nuestros números de cuenta corriente, de teléfono móvil o la matrícula de nuestro vehículo, datos que ha aireado el teniente de alcalde de Garrucha en las redes sociales cada vez que ha considerado”, denunciaba María López.

Un suma y sigue que tiene al Ayuntamiento de Garrucha eclipsado por la confrontación política en los tribunales y que desvirtúa la función de todos los concejales sin haber llegado aún a cumplirse el año de legislatura.